El Sáhara Occidental es el último proceso de descolonización pendiente en África. Naciones Unidas lo reconoció en 1963 como territorio no autónomo y desde entonces afirma que el pueblo saharaui tiene derecho inalienable a la autodeterminación. España, como potencia colonizadora, tenía la obligación de garantizar ese proceso conforme a la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, que proclamó el fin del colonialismo y el derecho de todos los pueblos sometidos a decidir libremente su futuro. Lejos de cumplir con ese deber, España trató de encubrir su responsabilidad: en 1958 integró al Sáhara como provincia, la número 53, un gesto administrativo que no alteraba su estatus jurídico pero que buscaba eludir el mandato de descolonización.
En esos mismos años surgió el despertar político saharaui. En 1969, Mohamed Sidi Brahim Basiri organizó el Movimiento de Liberación del Sáhara. El 17 de junio de 1970, este movimiento convocó una manifestación pacífica en El Aaiún para reclamar la independencia. La protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas coloniales españolas en lo que se conoce como la matanza de Zemla. Decenas de personas fueron asesinadas o desaparecidas y Basiri fue detenido sin que hasta hoy se conozca su paradero. Ese crimen de Estado mostró que España no estaba dispuesta a permitir una salida pacífica hacia la autodeterminación y empujó a la organización a nuevas formas de resistencia.
En 1973 nació el Frente Polisario (Frente Popular para la liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), que pronto se convirtió en el representante político del pueblo saharaui. En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania tenían vínculos de soberanía sobre el Sáhara Occidental y que la única vía legítima era la autodeterminación. Pese a ello, apenas un mes después, el 14 de noviembre de 1975, España firmó con Marruecos y Mauritania los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid, que pretendían transferir la administración del territorio a ambos países. Dicho acuerdo fue y sigue siendo nulo de pleno derecho. Naciones Unidas jamás lo reconoció y mantiene que España continúa siendo la potencia administradora de iure, con las obligaciones internacionales que ello implica.
Tras ese pacto ilegal, Marruecos organizó la Marcha Verde y ocupó militarmente el Sáhara Occidental desde el norte y Mauritania lo hizo por el sur. Mientras los combatientes saharauis enfrentaban la ocupación por ambos frentes, el pueblo saharaui se vio obligado a huir de las ciudades hacia el desierto, donde fueron atacados y bombardeados con napalm y fósforo blanco, siendo obligados a huir nuevamente hacia el desierto argelino, donde se levantaron los campamentos de refugiados de Tinduf, en los que hasta hoy sobreviven más de 170.000 personas en condiciones de exilio prolongado. Quienes no pudieron o no quisieron abandonar sus hogares, quedaron bajo ocupación marroquí, que hasta hoy en día siguen viviendo bajo una represión sistemática: detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y persecución contra cualquier forma de organización política o protesta. Miles más se dispersaron en la diáspora, manteniendo viva la denuncia internacional.
Entre 1975 y 1991, el Frente Polisario sostuvo una guerra de liberación contra Marruecos y Mauritania, esta última fue derrotada en 1979, firmando la paz con el Frente Polisario, renunciando así a sus pretensiones en el territorio. Durante este periodo de conflicto bélico activo, Marruecos construye con ayuda de Israel y otras potencias occidentales el “Muro de la vergüenza”, una construcción de unos 2700 km de largo y 2 m de alto que atraviesa el Sahara occidental de norte a sur, convirtiéndola en una zona militar vallada, vigilada las 24h/7 todo el año por el ejército marroquí y llena de minas antipersona a lo largo de toda su extensión, dejando 2/3 parte del interior del país controlada por Marruecos y donde se encuentran las mayores riquezas del mismo y 1/3 interior controlado por el Frente Polisario.
La guerra terminó con un alto el fuego auspiciado por la ONU en 1991, que incluía la promesa de organizar un referéndum de autodeterminación. Dicho referéndum nunca llegó a celebrarse. Marruecos lo ha bloqueado sistemáticamente desde entonces y durante tres décadas, mientras Naciones Unidas mira hacia otro lado.
El 13 de noviembre de 2020, Marruecos violó el alto el fuego al desplegar tropas en la zona de Guerguerat, donde civiles saharauis mantenían una protesta pacífica contra la apertura ilegal de una carretera hacia Mauritania. El Frente Polisario respondió declarando roto el alto el fuego y retomando la lucha armada. Desde entonces, se desarrolla la segunda fase de la guerra de liberación, con enfrentamientos constantes a lo largo del muro militar marroquí. No es un conflicto: es una ocupación ilegal sostenida por la inacción internacional y la resistencia de un pueblo que se niega a desaparecer.
La ocupación se sostiene también sobre el expolio de recursos naturales. En la mina de fosfatos de Bu Craa, el saqueo continúa con la complicidad de empresas como la española Fertiberia. En el ámbito energético, compañías como Siemens Gamesa e Iberdrola han firmado contratos para instalar parques eólicos en territorio ocupado. En el sector pesquero, empresas como Atunlo o Jealsa se han beneficiado de los acuerdos de pesca firmados entre la Unión Europea y Marruecos, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en 2016, 2018 y 2021 que esos acuerdos eran ilegales porque el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios distintos y cualquier explotación requiere el consentimiento del pueblo saharaui. Pese a estas resoluciones, la UE y el Estado español han seguido privilegiando sus intereses económicos y geopolíticos sobre el respeto al derecho internacional, reforzando de facto la ocupación marroquí.
España, como potencia administradora de iure, no ha cumplido nunca sus obligaciones legales. El giro de 2022, con el apoyo del Gobierno al plan de autonomía marroquí, supuso una nueva traición: contradijo las resoluciones de Naciones Unidas, ignoró el derecho del pueblo saharaui y reforzó el marco colonial impuesto por Marruecos.
A pesar de ello, el pueblo saharaui ha mantenido su resistencia en todas sus formas: en los campamentos de Tinduf, levantando estructuras colectivas de vida en condiciones de exilio prolongado; en los territorios ocupados, enfrentando la represión para mantener viva la voz de la autodeterminación; y en la diáspora, denunciando la ocupación y el expolio en los foros internacionales.
El Sáhara Occidental no es un diferendo ni una disputa. Es un territorio pendiente de descolonización que sufre una ocupación ilegal. El derecho internacional es inequívoco: el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y España sigue siendo responsable como potencia administradora. Marruecos es una potencia ocupante que se sostiene en el silencio de Naciones Unidas, la complicidad europea y la traición del Estado español.
Desde Movimiento Feminista Saharaui queremos recordar que la historia de nuestro pueblo no puede comprenderse sin atender a cómo la ocupación y la colonización atraviesan directamente a las mujeres. Fuimos nosotras, las mujeres, quienes sostuvimos la vida en los campamentos tras el exilio, levantando escuelas, hospitales y estructuras colectivas en medio del desierto. Fuimos también quienes, en los territorios ocupados, salimos a la calle a enfrentarnos a la represión, quienes protegimos a nuestras familias, documentamos la violencia y mantuvimos viva la voz de la autodeterminación. Y hemos sido nosotras, generación tras generación, quienes transmitimos la memoria de nuestra causa frente al silencio y el borrado que impone la ocupación.
Créditos fotografía: porunsaharalibre.org