Derecho a qué privacidad

Actualidad Argentina

Me pregunto cómo se llamará en el futuro al tiempo en el que estamos viviendo hoy, donde casi nada es lo que debiera ser, donde el no es lo que parece de repente sí que es, donde se van desintegrando las conquistas de nuestros mayores y las democracias van claudicando a gotas o a chorros en favor del poder de capitales que superan el PBI de muchos países.

Desde que una sola empresa, como pasó con Cambridge Analytica, es capaz de influir simultáneamente en las decisiones políticas de varios países a ambos lados del océano, o explotó la avidez por la extracción de datos personales y biométricos —estos últimos a cambio de migajas o promesas vacías— de los sectores más vulnerables de la población por parte de empresas privadas, cuya titularidad es imposible de rastrear incluso para los Estados, tenemos que reconocer que el mundo ya no es el que conocíamos.  Es un mundo que tenemos que obligarnos a volver a desentrañar mientras las IA’s van tomando decisiones que impactan en la vida diaria de las personas desde campos insospechados. 

Ante esta realidad, me cuestiono cuál sería la posición que debería tomar el feminismo, en nuestra sociedad de igualdades formales, pero tan horrorosamente desigual a la hora de la verdad. Y esto viene a cuento por las críticas desatadas por la discusión de dos proyectos legislativos que recortan alguna que otra parcela del derecho individual. No lo niego. 

Es verdad que la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos atenta directamente contra la intimidad de imputados que podrían resultar inocentes, y es posible que tenga razón la Diputada Vanina Biasi y que la finalidad última sea tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad. Pero seamos realistas, nuestros datos están siendo saqueados por todos lados, todo el tiempo, y con fines menos nobles que integrar un registro que puede llegar a servir para identificar a un violador o prevenir otro feminicidio. Sin ir más lejos, Worldcoin lleva, tan sólo en el último año, más de medio millón de iris escaneados en Argentina, uno de los países que está a la cabeza de la entrega de datos biométricos a cambio de prácticamente nada, porque los activos digitales que ofrecen como pago, se compran inmediatamente por veinte mil pesos (menos de veinte dólares) al contado, en una misma y redondísima operación de trading, a una población desesperada —y bastante desinformada sobre estos temas— que prefiere llevarse el pájaro en la mano.

Ni el actual gobierno, ni cualquiera de sus antecesores, ni las oposiciones del pelaje que sea, han gastado un minuto en tratar de sacar adelante alguna regulación para evitar el mercadeo de nuestros datos, y no sólo los biométricos, porque hasta cuando contratás un servicio de internet para tu casa, te hacen firmar un contrato cediendo datos personales que pueden pasar a manos de terceros ajenos a la compañía que te brinda el servicio. La famosa letra chica que nadie lee. Así es que no vengamos a hacernos ahora las gallinas encandiladas por la ampliación del alcance de un registro cuando estamos todos revoleando datos sin media protección institucional. Que no nos parezca bien, no significa que no se haga todo el tiempo. Así es que, por una vez que una de estas barbaridades de los tiempos modernos podría servir para proteger a las mujeres y a las niñas y niños, que son siempre las víctimas más probables de violencia gratuita, no montemos un escándalo. O montémoslo, pero para todos los abusos contra el derecho a la intimidad, que son un montón. No incurramos en una selectividad negativa cuando existe la oportunidad de prevenir delitos o identificar culpables de agresiones machistas. 

Y sí, la ampliación del Registro de Datos Genéticos atañe a la presunción de todo tipo de delitos, entiendo el punto, pero que levante la mano quien no haya aceptado todas las cookies y los términos sin leer ni analizar nada. Las apps y las webs no brindan ninguna funcionalidad sin antes obligarte a aceptar todo lo que les venga en gana, incluso sin informar expresamente al usuario, y ahí estamos todos meta pantallita. Sin ir más lejos, ¿sabés exactamente todo lo que aceptaste para poder estar ahora leyendo este texto?

Para quienes anden distraídos, las cookies, con ese nombre tan inocente, son una especie de paquetitos de información que se almacena en el navegador del usuario e interactúa con el sitio que visita, lo que, entre muchas otras cosas, permite el rastreo de datos y preferencias, que se almacenan y son vendidos a terceros, que pueden ser miles y de cualquier país. Para decirlo sin rodeos, es imposible saber a dónde van a parar tus datos ni para qué se usan exactamente. Al darle al botón de aceptar te convertís en mercadería, en objeto monetizable. Tu teléfono y tu computadora saben de vos más que vos mismo, te conocen mejor que nadie, las apps y las webs te perfilan a través de cookies que —quizás lo más grave— luego usan para venderte ideas, para convencerte de posturas políticas, sí, a vos que pensás que tenés las ideas bien puestas. No subestimo tu inteligencia, sólo pondero con cuánta ventaja juegan los que siempre ganan.

Nos preocupa nuestra privacidad, obvio, pero hasta en eso la cosa es desigual, porque las mujeres estamos expuestas a muchas más violaciones de la intimidad y de formas en que nadie repara. No digo ya las que sufren abusos sexuales, que es el caso más extremo posible de violación de la intimidad, pero desde que te saquen una foto no consentida, que difundan un video íntimo —aunque su grabación sí haya sido consentida— que te toquen el culo en el tren o en el boliche, las preguntas no profesionales en las entrevistas de trabajo, y no quiero tirar de la manta en cuestiones de obstetricia porque no termino más. Es un montón y es a diario. La realidad es que la intimidad de las mujeres siempre ha valido menos que la de los hombres, aunque seamos iguales ante la ley, y bajo este panorama, la ampliación del dichoso Registro no me parece más grave que todo lo demás.

El otro proyecto controvertido tiene que ver con una propuesta de modificar el Código Penal para que la violencia de género pase a considerarse delito de acción pública. Sobre esto se podría abrir todo un abanico de discusiones, pero me voy a centrar en las que me parecen más relevantes en relación al derecho a la privacidad.

Comenzaré diciendo que ya estábamos tardando en entender que la violencia de género —que en la práctica totalidad es la que ejerce un hombre contra una mujer por el sólo hecho de serlo— es una cuestión que importa al Estado, que es lo que viene a significar, en resumidas cuentas, que un delito se considere de acción pública. Y esto es así porque el Estado es garante, por mandato constitucional, de una serie de derechos, entre los que obviamente se encuentra el derecho a seguir viva, aunque tu marido haya tenido un mal día. 

Cuando las cuentas nos muestran que por aplastante mayoría son los hombres los que ejercen violencias, ya sea contra mujeres, niñas, niños, incluso otros hombres, el Estado tendría que apretar el botón de parar y para ello dispone de muchos recursos que ya existen.

En Argentina, hasta julio de 2024, se registraron 168 feminicidios y 178 hijos e hijas se quedaron sin mamá. ¿Por qué esto no es un asunto de seguridad pública? Si contamos el número de mujeres víctimas de agresiones machistas que no llegan a muerte, el número es escalofriante, y ya nos mostró la actualidad que no hay condición social, económica o cultural capaz de mediar en la estadística. Redoblo apuesta: ¿por qué esto no es un asunto de salud pública? 

Muchas intervenciones médicas, licencias, tratamientos o atención a patologías mentales y físicas a consecuencia de la violencia machista acaban recayendo al final en las cuentas públicas que se pagan con nuestros impuestos. Y ni digamos cuando además el Estado debe salvaguardar y tutelar a menores que quedan desamparados. La violencia de género tiene costos, muchos y variados, como vemos, no sólo para las víctimas y su entorno cercano. Lo personal es político, desde siempre, a pesar de los despistados. 

Cuando la violencia tiene su origen bien plantado en una cultura, la cultura de la desigualdad a pesar de las leyes, la cultura de la violación, la cultura patriarcal con todos sus tentáculos, una cultura que nos atraviesa a todos, a todas, pasa a ser un asunto político al que solo se puede hacer frente desde las políticas públicas, desde el Estado.

Con esta perspectiva, es absurdo que recaiga exclusivamente en las víctimas la responsabilidad de denunciar, porque, justamente, no se trata de un asunto del todo privado, aunque tenga que ver con la vida personal, sentimental, afectiva de los implicados, aunque los hechos se produzcan en el interior de una vivienda, de un auto o de una empresa. Además, es bien sabido que en muchas ocasiones la víctima es quien menos puede denunciar debido a mecanismos psicológicos, a falta de alternativas o contención, a situaciones de riesgo real y mil otras circunstancias.

A ver, que ya lo veo venir, las mujeres no necesitamos la tutela del Estado ni de nadie para nada, pero enviar a una mujer a casa a convivir con su agresor, habiendo pruebas de ello, es mandarla al matadero, hablando mal y pronto. Quien constate esas pruebas tiene responsabilidad, porque vivimos en sociedad, porque tenemos responsabilidades como personas, porque somos seres civiles. El derecho a la privacidad no puede ser el derecho a matar y morir en el ámbito privado, sin molestar a los vecinos. 

La violencia machista, del tipo que sea, al estar sustentada en un sistema que la permite —el patriarcal—, aunque no la permitan las leyes, no se puede seguir considerando como un delito que origina acciones dependientes de la instancia privada, cuya denuncia es responsabilidad exclusiva de la persona que la sufre, porque eso es, permítanme la expresión, seguir haciéndonos los boludos.

Desde que los Estados (porque no es un asunto exclusivamente autóctono) han dejado de poder garantizar unos cuantos derechos humanos y constitucionales como a la salud, alimentación, vivienda —ni digamos digna—, educación pública gratuita y de calidad para todos los niveles, al trabajo, a un salario que permita cubrir los costes de la vida con unos mínimos de dignidad, al descanso adecuado, a la conciliación laboral y familiar, y mucho etcétera, nos empezaron a engatusar con derechos y más derechos individuales, que no digo que no estén bien, por supuesto que son necesarios y estoy muy a favor de ellos, pero también reconozco que unos cuantos de esos derechos son a la vez materia de mercantilización y dan mucho juego en el mercado. Es un asco, pero así estamos.

Lo que veo acá es que ni con todos esos derechos individuales ganados, y que provienen de necesidades y luchas cuya legitimidad no está en duda, no se acaba de beneficiar a las mujeres en el ejercicio real de una igualdad consagrada desde hace rato en los textos jurídicos. Seguimos siendo la mitad de la sociedad que se encuentra más precarizada económica y socialmente, incluso física, emocional y psicológicamente a través de las dobles o triples jornadas laborales, la discriminación en el acceso a puestos de trabajo, la aberrante precariedad de los hogares monomarentales, la obligatoriedad de las tareas de cuidado, los salarios más bajos, o la propensión a todo tipo de explotaciones, en especial la sexual y reproductiva. Y seguimos siendo parte de esa mitad de la población que siente, ha sentido o sentirá en algún momento miedo de alguien de la otra mitad, porque sí, sin ninguna justificación más que la aún saludable existencia de un sistema patriarcal que, si bien nos jode a todas y a todos de una u otra forma, se ensaña más con nosotras.

Por eso, sepan perdonar mi posicionamiento en favor de cualquier política que prometa ir cerrando un cachito la brecha entre la igualdad formal y la real, aunque recorte los bordes del derecho a la privacidad, que es más derecho de unos que de otras. Ya si vemos que no da los resultados esperados, nos volvemos a sentar a discutir un cambio, total los gobiernos se van sucediendo. Ninguna ley es inmutable si entendemos la importancia del ejercicio de nuestros derechos civiles.